Corazón Porteño | Diario Buenos Aires

Para ir reduciendo la presión del tributo.
En el Gobierno insisten en que el jueves se firme el acuerdo en la Casa Rosada y les sugerirán que compensen esa pérdida de recaudación aumentando las tasas de impuestos patrimoniales como el inmobiliaria y el automotor, como ya hará el año que viene la provincia de Buenos Aires.

El acuerdo está en duda, pero se negocia contra reloj.
Los gobernadores tienen un haz bajo la manga: canjear algún beneficio económico a cambio del apoyo decisivo de sus diputados y senadores a las reformas que el Gobierno busca aprobar antes de fin de año, como la tributaria y la laboral.
La recaudación de Ingresos Brutos explica cerca del 74% de la recaudación total de las provincias, según sostienen los mandatarios provinciales.

Según las cuentas que hacen en Hacienda, para este año las provincias proyectan una recaudación por este tributo de 411 mil millones de pesos. En 5 años, el gravamen podría proveer la mitad, como promedio.
La recaudación total de las provincias es ahora de 595 mil millones de pesos. Los gobernadores temen que sea inviable compensar el lo inmediato lo que perderán de recaudar con este tributo.
Algunos, como el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, pedirá imponer una tasa municipal equivalente a un punto porcentual, que se cobraría como el IVA cada vez que se efectúa una compra. Pero en la Casa Rosada pretenden ir hacia otro esquema.

El borrador del plan propuesto, al que accedió Clarín, es que las provincias bajen del 1,5% en 2018 al 0,75% en 2019 la alícuota que cobran a las actividades primarias y a la industria manufacturera. A partir de 2020, quedaría exento el cobro del tributo para estos sectores. Hacia 2022 también quedará eliminado este impuesto de la electricidad, gas y agua y el transporte. En cambio, se mantendrá la alícuota del 4% que hoy recae sobre la hotelería, restaurantes, actividad inmobiliaria, servicios de salud y sociales y el comercio mayorista y el minorista.
"La idea es reemplazar ingresos brutos, que se arrastra a lo largo de toda la cadena de producción, por un impuesto a la venta final", destaca una fuente oficial. Para el primer año, el plan que aun se encuentra ultimando el Gobierno implica un costo fiscal para las provincias equivalente a medio punto del PBI. Actualmente, ingresos brutos representa el equivalente a cuatro puntos del PBI, y se pretende achicarlo a la mitad.
¿Tienen margen las provincias para rebajar el tributo y ceder al pedido del Gobierno?
"Las provincias corren con una ventaja. Tienen un déficit en conjunto equivalente a un punto del PBI. En cambio la Nación tiene un déficit equivalente a 6 puntos. Con crecimiento económico del 3% en promedio en los próximos 4 años, puede ser factible que con la ley de responsabilidad fiscal las provincias bajen entre 0,4 y 0,7 puntos del PBI el peso del gasto. En conclusión tienen margen para bajar Ingresos Brutos", responde Nadin Argañaraz, fundador del Instituto Argentino de Responsabilidad Fiscal (IARAF) y ex subsecretario de Desarrollo del ministerio de Hacienda y Finanzas. "En 2011, 17 de cada 100 pesos que recaudaban las provincias provenían del impuesto inmobiliario, hoy esa proporción es de solo 7 de cada 100 pesos. Es totalmente razonable que suban el impuesto inmobiliario y bajen Ingresos Brutos", sostiene el analista.
Las provincias también perderían dinero con el cambio propuesto en nuevo esquema de reparto del impuesto al cheque y la derogación planteada en el marco de la discusión del Fondo del Conurbano del articulo 104 de la ley de Ganancias. Tras los cambios en ambos tributos, según el IARAF, la Anses recibiría el año que viene en total $ 82 mil millones más que bajo el actual sistema, mientras que las provincias en emergencia económica dejarían de recibir $11 mil millones en Aportes del Tesoro Nacional, Buenos Aires ganaría $18.500 millones y el resto de las provincias perderían $16 mil millones de recaudación.
Esta noche, en el Palacio de Hacienda mantenían contactos con los gobernadores. En Casa de Gobierno admiten que para cerrar las negociaciones podría firmarse un "acuerdo marco". En ese caso, el plan sería el de llevar al Congreso la discusión de la letra chica. Mientras tanto, los mandatarios provinciales preparan contrarreloj una contrapropuesta: pedirán que se les de más de cinco años para la reducción de Ingresos Brutos.